Dilemas Éticos

· Sigma Delta Chi's first Code of Ethics, 1996 , Marzo 2004, Journalist: Improving and protecting journalism, http://www.spj.org/ethics_code.asp

· Código de ética del Colegio de Periodistas Chilenos. Marzo 12, www.saladeprensa.org

· Código de ética de los Periodistas Brasileños. Marzo 12, www.saladeprensa.org

La historia comenzó el 23 de febrero, cuando el noticiero de Carmen Aristegui y Javier Solórzano en el Canal 52, transmitió una edición de seis minutos de la cinta –que duraba 45–, acompañándola de un reportaje sobre los integrantes del PVEM y los manejos del partido. Pocos minutos después, Joaquín López Dóriga transmitía, en el Canal 2, la misma cinta, con la misma edición.

En ese momento, los tres periodistas decidieron mantener secreta su fuente, a petición de la misma. Según se supo después, quien entregó el video era el disidente verde Santiago León Abeleyra, calculó los pasos mediáticos que iba a dar, prefiriendo guardar el anonimato hasta que fuera políticamente conveniente.

La transmisión del video, según consideraron los comunicadores, era periodísticamente relevante e hicieron una edición para quitar la paja. Además, la información era confiable y de interés público, no había problemas legales con ella y el anonimato de la fuente no ponía en juego la seriedad del trabajo de los informadores. Aristegui y Solórzano hicieron, además, un trabajo de investigación paralelo que le diera contexto a la información que presentaron. Hasta aquí, cualquier dilema ético que pudiera presentarse se resolvió honestamente y se trabajó apegándose a los criterios de profesionalidad, seriedad y calidad periodísticas.

El problema vino después, cuando el 17 de marzo Jorge Kahwagi, diputado por el PVEM y hombre muy cercano a Jorge Emilio González Martínez, entregó a Carlos Loret de Mola, titular del noticiero Nueva Visión, del Canal 4, una nueva edición del video, que incluía, después de que el empresario que intentaba sobornar al senador dijera “un millón inmediato y otro el lunes,” a González Martínez diciendo “¿para qué quiero el dinero?”

El noticiero Nueva Visión, que conduce Loret de Mola, termina cuando comienza el noticiero de Aristegui y Solórzano. Justo después de haber visto la nueva fracción del video, el equipo de noticias del Canal 52 preparó la transmisión de diez minutos del material original, incluyendo las partes anterior y posterior del momento en que Jorge Emilio González Martínez pedía el soborno. Así se transmitió, después de que Carmen Aristegui leyera una trascripción del mismo.

Quedó claro entonces que la nueva ampliación del video lo único que hacía era traicionar el sentido del mismo, pues después del “¿para qué quiero el dinero?” el presidente del Partido Verde agregaba “no sé todavía si voy a poder sacar el permiso,” haciendo patente su intención de aceptar el soborno si lograba manipular sus influencias.

Minutos después de las 10:30, Joaquín López Dóriga enmendaba la plana a su compañero Carlos Loret, aclarando que el noticiero del Canal 52 acababa de transmitir la versión completa del video, en donde quedaba claro que la edición se había hecho con fines puramente periodísticos y que el presidente del PVEM sí había pedido un soborno y lo había acordado con un empresario.

La cobertura del caso se centró, además, en el hecho de que González Martínez aceptara el soborno, dejando a un lado el hecho de que quien ofrece un soborno también está cometiendo un delito. Al empresario “comprador” apenas se le investigó para saber quién era y describir mejor la trama, pero el hecho de que no se le haya perseguido judicialmente, a pesar de haber cometido un delito, quedó fuera de la cobertura periodística, por considerar quienes la hicieron que no era relevante.

Como hemos visto, la prisa de Carlos Loret por transmitir el video lo llevó a obrar, por lo menos, con poca seriedad. La información que presentó era imprecisa y cercana a la falsedad. El periodista había confiado en una fuente poco fidedigna y no hizo un trabajo de cotejo y confirmación de la información que recibió –a diferencia de Aristegui, Solórzano y López Dóriga.

No han sido pocos los que han advertido de los riesgos que implica confiar en una filtración o en la información que una fuente da de modo propio. Como ha mostrado el caso que analizamos, hace falta acompañar la nota que genera una filtración o una grabación con un arduo trabajo de investigación, cotejo y, al fin y al cabo, periodismo.

Si los periodistas hemos de recuperar la confianza de la gente y hemos de cumplir con el papel de configuración del espectador –y, por lo tanto, de la sociedad– que debemos jugar, tenemos que actuar con seriedad. Y para hacerlo, debemos recuperar ciertos valores, principios y prácticas que, hace un tiempo, caracterizaron a la prensa independiente y que se han ido perdiendo: la precisión, el respeto al lector, el contexto, la investigación y el derecho de réplica para todas las partes afectadas.

Este caso pone de manifiesto, por ejemplo, algo que debería ser obvio y que no lo es: Otorgar a otras partes involucradas o afectadas por la información que los periodistas transmitimos el derecho de réplica tiene varias funciones. No sólo es una cuestión de respeto y una muestra de juego limpio y justo: es una herramienta que permite al periodista ver la información desde diferentes ángulos y evitar caer en imprecisiones.

En todo caso, para no caer en imprecisiones y falsedades hay una sola salida: hacer periodismo, investigar, contrastar y dar oportunidad a todas las partes de dar su versión de los hechos.

Este caso muestra también cómo el manejo de la fuente es más complicado de lo que parece. En primer lugar, hace falta tener una fuente confiable. En segundo lugar, hace falta cotejar la información. En tercer lugar, hace falta revisar cuál es el papel que están jugando los periodistas en el entramado político que se genera alrededor de la información.

El contraste en el manejo de la fuente que hicieron Aristegui, Solórzano y López Dóriga, por un lado, y el que hizo Loret de Mola, por el otro, confirma la importancia de estas tres premisas.

Mientras a los tres primeros se les presentó un video editado y los tres pidieron una copia sin editar para garantizar la veracidad de la información, el cuarto no hizo nada para verificar la información y confió en una fuente poco digna de confianza.

En cualquier caso, sea que no se pueda conseguir una fuente confiable o que se conoce a la fuente, hay que hacer una investigación de fondo en torno de la información que la fuente da. La investigación no sólo nos permitirá dar al lector o espectador más herramientas para entender lo que sucede, sino que además permitirá al periodista verificar la información. Por eso Aristegui y Solórzano acompañaron la transmisión de la edición del video que ellos hicieron con un reportaje sobre las relaciones entre los integrantes de la dirigencia del PVEM: para verificar la información y para poner al espectador en contexto.

Respecto del manejo de la fuente, Aristegui, Solórzano y López Dóriga se enfrentaron a la cuestión de mantener o no el anonimato de Santiago León. Los tres consideraron que, puesto que no quitaba credibilidad ni afectaba el trabajo periodístico, podía mantenerse en secreto.

Varios son los códigos deontológicos que respaldan el trabajo de estos tres periodistas, algunos dejándolo al libre criterio de los informadores, otros son claros y tajantes al respecto.

Por una parte, el Código de Ética de los Periodistas Brasileños establece solamente que “Siempre que lo considere necesario y correcto, el periodista mantendrá secreto el origen e identidad de sus fuentes de información,” dejando al criterio del periodista concreto la decisión.

Por otra parte, el Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile establece que “el periodista debe citar sus fuentes, pues el lector tiene derecho a conocerlas y así evaluar por sí mismo la calidad de las mismas. Sólo debe silenciarlas si ellas se lo pidieren -previa confirmación de su idoneidad y confiabilidad-, respetando así la confianza otorgada al entregársele antecedentes reservados.”[1]

Otro código más, el de la Sociedad de Periodistas Profesionales, establece dos lineamientos al respecto: “Identique a sus fuentes siempre que sea posible. El público tiene derecho a toda la información disponible sobre la confiabilidad de la fuente” y “cuestione siempre los motivos de una fuente antes de prometer el anonimato.”[2]

En el caso que analizamos, Aristegui, Solórzano y López Dóriga obraron siguiendo los lineamientos de la ética: la fuente les pidió su anonimato y este fue garantizado porque no perjudicaba ni la credibilidad de la información ni su valor periodístico. Viendo que la publicación de la información no tenía otra función, en lo que a ellos tocaba, que la de denuncia, decidieron seguir adelante, y en cuanto pudieron desvelar su fuente lo hicieron para dar al público mayor información sobre lo que habían transmitido.

A través de una puesta en escena iniciada el 21 de julio del 2003, el periódico la Jornada descubrió el tráfico de influencias ejercido por el doctor Guido Belsasso quien en ese momento era titular del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC). La estrategia del periódico inició tras una denuncia recibida por una de las columnas del periódico donde se afirmaba que el Dr. Belsasso ofrecía a través de un portal de Internet servicios, relacionados con la agilización de trámites de variada índole: desde "programas de exportación (Secofi)" y "permisos de salud (Ssa)" hasta "programas de apoyo promocional por Bancomext".

El plan para desenmascarar al médico y poner en escenario público esta información fue encabezado por Jaime Avilés, periodista de La Jornada en contubernio con Mássimo Calandri, periodista de Italia.

La estrategia básicamente consistió en la creación de un personaje de origen italiano, Franceso Mosca, que a través de un correo electrónico dio a conocer a Belsasso sus intenciones de invertir millonarias cantidades en la Riviera Maya de Cancún.

Para formalizar las negociaciones, enviaría en su nombre a su sobrino, Calandri para una entrevista formal y en persona con el médico.

Calandri se reunió con Belsasso y su hijo mayor Bruno, miembro de la empresa familiar de los Belsasso. La reunión obviamente fue grabada con el periodista mexicano debidamente oculto y el italiano suficientemente metido en su personaje de nipote.

En la reunión Guido, Belsasso y su hijo Bruno, dejaron ver su posición, su evidente cercanía con el gobierno y acceso a distintas instancias y contactos, herramientas que le permitían acelerar cualquier tipo de trámite.

La nota revelando la entrevista, fue publicada por Avilés y posteriormente la grabación fue trasmitida por el noticiero de Joaquín López Dóriga.

No obstante, por alguna razón el escándalo destapado por La Jornada se quedó en eso: un escándalo fugaz y sin más. Sin embargo, el periódico Crónica posterior a la publicación de la Jornada, llevó a cabo una investigación dándole seguimiento al caso, lo cual evidentemente no sucedió con el periódico La Jornada.

La investigación realizada por Crónica indagó en la carrera del DR. Belsasso y en los diferentes puestos políticos desempeñados en México. De esta manera fue como dio a conocer la falsificación que Belsasso realizó de su cartilla para poder acceder al puesto de cónsul de Nueva York. En el documento aparecía como nacido en México, cuando en realidad, es de origen italiano (estrategia para evadir la Ley Orgánica)

Así mismo, Crónica, hizo una inspección del portal de Internet que ofrecía los servicios del Doctor Belsasso, con el obvio tráfico de influencias permisible a través de su cercanía con el gobierno y su posición en él para agilizar trámites.

Hizo seguimiento de las declaraciones de otros funcionarios, mismas que publicó en varias notas posteriores al escándalo destapado por La Jornada.

Después del seguimiento de Crónica, Belsasso presentó su renuncia ante el presidente Fox.

Ya se estableció en el análisis hecho al caso del Niño Verde que es criterio del periodista revelar o no la identidad de su fuente. Ahora bien, qué sucede cuando el caso es dado a conocer mediante el uso de cámaras ocultas.

Evidentemente el caso era de interés público, y a nivel periodístico, era necesario darlo a conocer de alguna manera. El código de Ética de la Asociación Noruega de la Prensa establece que: “la prensa tiene el derecho de ser el portavoz de la información sobre lo que está aconteciendo en la sociedad y destapar y divulgar los asuntos que deben ser sometidos a la crítica” sin embargo, ¿mediante que técnicas puede dar a conocer los acontecimientos que le conciernen a la sociedad?

En este sentido el caso fue dado a conocer por el periódico La Jornada, bajo una técnica irrefutable, poniendo en evidencia a un funcionario del gobierno. No obstante, analizando el método a través del cual el periódico obtuvo la información, podríamos cuestionar el uso de la cámara oculta y la premeditada puesta en escena que realizó la Jornada para desenmascarar el problema. Recurriendo al mismo código ético ya citado, se establece que: “las cámaras fotográficas, los micrófonos ocultos o la identidad falsa se pueden utilizar solamente bajo circunstancias especiales. La condición debe ser que tal método sea el único modo posible de destapar casos de importancia esencial para la sociedad”[3]

Posiblemente la información que dio a conocer el periódico La Jornada podría haber sido descubierta de otra manera haciendo una mayor labor de investigación sin el uso de cámaras ocultas. El hecho es que no se hizo, y que solo mediante la puesta en escena del periódico se logró evidenciar el caso y dar pie a las notas que llevaron a la renuncia al Médico. La estrategia de La Jornada, aunque cuestionable, fue un método irrebatible de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, su estrategia apenas dio a luz a un par de notas que fueron el inicio de un escándalo y no lograron el seguimiento realizado por Crónica a través de una investigación mayor que dio relieve al problema real del Dr. Belsasso.

En un artículo publicado por la revista Etcétera, se señala precisamente el contraste entre las dos maneras de manejar la información. Por un lado el periódico La Jornada recurre al uso de la cámara oculta; pero este caso no tiene mayor seguimiento a fechas posteriores por el periódico, tarea de la cual se hizo cargo el periódico Crónica, haciendo una labor de investigación y recurriendo a pruebas que de alguna manera son públicas (como la presentación de documentos falsificados).

Sin embargo, cabría señalar que si bien Crónica dio relevancia al caso, quizás no concedió el lugar correspondiente al periódico La Jornada, quien finalmente dio a conocer el caso.

Quien descubre la información evidentemente es Avilés sin embargo, la relevancia real del caso la da el tratamiento y el seguimiento que realiza Crónica de la información. Por otra parte el tratamiento que hace Crónica de la información pone en duda el carácter ético del periódico La Jornada al demostrar que el caso del Dr. Belsasso podría haberse dado a conocer ahorrándose la puesta en escena de Avilés, por lo que el uso de la cámara oculta no es del todo justificado como exige el Código Ético al que hemos recurrido.

La información otorgada por Crónica a través de sus investigaciones hace incuestionable que la cámara no era la única herramienta para dar a conocer lo que sucedía. La Jornada tenía la posibilidad de recurrir a una búsqueda más profunda sin la necesidad de cámaras para dar a conocer la situación del Dr. Belsasso.

El uso de la cámara oculta, tender una trampa y recurrir a la mentira es un comportamiento directamente anti ético, la situación debe justificar el uso de estos recursos para lanzar una nota. No es el caso del periodista Avilés.

La información obtenida por La Jornada echó luz sobre un problema de interés público, mas las técnicas de su investigación podrían haber sido otras. La estrategia de Avilés no fue del todo justificada.

El caso Fany surgió en Monterrey, en marzo del 2003. Estéfani Marisol Hernández, fue una niña de cinco años ultrajada y asesinada por su vecino. Al parecer Fany fue secuestrada un día antes de que encontraran su cuerpo en el jardín de una vecina.

El sospechoso fue detenido y tras declararse culpable, fue encarcelado. La prensa cubrió el caso con extensas notas que dieron detalles no solo del asesinato sino además de la opinión pública, de los guardias del penal, el subprocurador del Ministerio Público, el Fiscal, entre otros personajes.

También se publicó la declaración del asesino, narrando cómo había matado a la “pequeña Fany después de haber bebido varias cervezas que el mismo padre de Fany le regaló”

Según el homicida, después de haber bebido, secuestró a la niña, la llevó a su casa, abusó de ella y en algún momento se percató de que la niña ya no respiraba. En ese instante, como lo señala el relato que El Norte hizo de los hechos, “a la niña la subió a la cama superior de una litera y forzando hacia arriba el techo de lámina, por ahí sacó el cuerpecito de Fany y lo lanzó al patio de sus vecinos”.

Además de las múltiples notas que surgieron a raíz del caso, se publicaron encuestas en periódicos y vía electrónica para monitorear “el sentimiento” de la sociedad ante el crimen.

Por su parte, la muerte de María Elena Sañudo, esposa del gobernador de Hidalgo, dio pie a escuetas notas, sin mayor información que la necesaria y no abundando en detalles de ningún tipo. Sin embargo, hubo un elemento que es necesario destacar. La esposa del gobernador de Hidalgo no murió de cáncer como lo afirmaron las notas de La Jornada, sino que al parecer fue producto de un suicidio. La información la tenían periodistas del periódico el Economista, los cuales se comprometieron ante el gobernador a no revelar la información. No obstante, la nota del suicidio fue publicada por el periódico el Milenio, al parecer en primera plana y destacando la información que se suponía no revelarían.

Evidentemente el caso del asesinato de Fany no es agradable, mas no fue el único ni en el año ni en el país, pero la prensa así lo trató. Las notas que arrojó el caso Fany fueron suficientemente escandalosas apelando al morbo de la situación. En muchas de ellas los adjetivos creaban un ambiente de melodrama que alimentaba la nota amarillista. El caso de Fany escasea de información relevante ya que éste se resume en un párrafo, mas el escándalo provocado por la prensa dio pie a varias notas.

Si bien el caso no es periodístico, pues no es de interés público, podríamos recurrir al Código de Ética del Centro Latinoamericano de Periodismo que menciona: “se debe excluir (de la labor periodística) la obscenidad, la vulgaridad, la morbosidad”[4]

En el caso de la señora Sañudo, la revelación del periódico afectó a la familia, y en este sentido podríamos pensar en una violación que tiene que ver con la privacidad de los familiares. Evidentemente es difícil determinar el dilema ético en estos dos casos, ya que partimos de que ninguno es de interés público, por consecuente, ninguno es periodístico y por tanto no sería dilema ético. Como lo menciona el Código de Ética noruego “Toda actividad de los medios de comunicación y de los periodistas debe estar inspirada en el interés público”

Sin embargo, al contrastarlas, nos damos cuenta del escándalo hecho por el asesinato de una niña, y la privacidad que exigía la muerte de la señora Sañudo.

Las notas en el caso de Fany no son más que narraciones con altas dosis de melodrama, donde podríamos señalar el interés público en el asesinato de una niña, mas no en el exceso de morbo con el cual se inyectaron las notas.

En el caso de señora Sañudo si bien no es periodístico sí hubo una infiltración que afectó directamente a una familia, lo cual ya es una violación ética. Además, cabe destacar que dicha infiltración no necesariamente puede ser tomado como una fuente verificable.

Comparando ambos casos, la familia de Fany si bien fue víctima de la morbosidad de las notas, no fue señalada directamente.

En el caso de la Sra. Sañudo, la información publicada violó la privacidad de la familia que además de tener razones y derechos para querer ocultarlo, su condición de personas públicas evidentemente implicó un daño mucho mayor que el sufrido por la familia de Fany.

La familia del gobernador de Hidalgo, al ser publicada la nota, sería blanco de más cuestionamientos y más observaciones morbosas.

El periodismo debe procurar no violar la intimidad de las personas, ser cauteloso con la información que los pueda dañar o afectar y reconocer su derecho a tener control sobre su intimidad[5].

El caso de la Sra. Sañudo no tenía una razón periodística válida para invadir la privacidad de la familia, excepto lanzar una nota de escándalo y mal gusto.

Esta noticia se cubrió a petición anónima de varias personas que se comunicaron con Televisión Azteca. La reportera Hania Nuvel, fue la persona quien realizó la investigación junto con el grupo Fuerza Informativa Azteca.

El lugar que investigaron fue el Hospital pediátrico de Iztapalapa en donde tienen dos casos de bebés contagiados con seudonoma. Según la doctora y las enfermeras del hospital lo tienen controlado. Las medidas que toman para aliviar a los recién nacidos, son las universales, según comentó una doctora del presente hospital. Las medidas universales que mencionaron son: aseo de manos, uso de tapa bocas y batas esterilizadas, así como equipo especial para nonatos y semisióaticos.

Se encontraron diez casos en el hospital, donde tres de estos bebés ya han fallecido, sus nombres son: Ruír Rioyanino, Ixva de la Cruz y un bebé desconocido.

Los resultados de la investigación arrojan que el hospital está saturado, además de que no cuenta con medicamentos suficientes para tratar a sus pacientes, ni con el personal necesario. Asimismo, tampoco se ha dado una supervisión del hospital.

La investigación realizada por los periodistas involucró el uso de cámara oculta para dar a conocer la verdadera situación del Hospital. En este sentido, el uso de la cámara está justificado como único medio para dar a conocer la información. No había manera de hacer una labor de investigación que diera a conocer la situación real que atravesaban los pacientes del hospital ni las carencias en cuanto a medicamentos y supervisión. La cámara permitió dar a conocer información de interés público, como último recurso.

Consideramos que el periodismo versa de dar información que es de interés público. Los casos que hemos analizado aquí tienen aspectos cuestionables en cuanto a las técnicas para obtener la nota, y la manera en que se maneja dicha información y el papel adoptado por el periodista.

La creación de Códigos Éticos para el periodismo si bien intenta dar estructura al la labor de los periodistas, también es necesario señalar que las premisas dependen de diversas variables relacionadas con el contexto de la situación. No obstante hay aspectos que no deberían ser violados bajo ninguna situación, entre ellos, la violación a los derechos de las personas, y con ello a sus vidas privadas.

Así como el periodismo no debe responder a intereses de privados y debe informar a la sociedad sobre temas de interés público, tampoco debe convertirse en una licencia para perjudicar o intrometerse en vidas ajenas. El periodista debe evitar ante todo la arrogancia y tener en claro no solo su labor sino además sus objetivos. En este sentido el periodismo debe alejarse de ser escandaloso para atraer lectores.

Finalmente, consideramos que los dilemas éticos encuentran su solución no sólo en los Códigos ya establecidos, sino además en el propio cuestionamiento del periodista sobre su labor de vigilante e informante de los intereses públicos.

[1] Ambos códigos de ética fueron consultados en la sección de Deontología de “Sala de Prensa”, en www.saladeprensa.org .

[2] Código de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales, en www.spj.org/ethics_code.asp . La traducción es nuestra.

[3] El código ético fue consultado en al sección de Deontología de la Red de Periodistas Internacionales http://www.ijnet.org

[4] El código puede ser consultado en http://www.celap.com/

[5] Código de ética de Society of Professional Journalists