|
País transparente
¿Qué ha cambiado en México sobre la
corrupción? La corrupción en México es un problema grave que nos ha afectado
como nación. Cabe mencionar que el abuso del poder es una práctica que se
produce en todos los países de una forma u otra, por ello, es necesario crear
las estructuras políticas pertinentes para lograr minimizarla.
Durante décadas la
corrupción en México estuvo asociada al partido de Estado que nos gobernó
durante más de 75 años. En ese período, los funcionarios públicos no rendían
cuentas a la esfera social puesto que el poder que detentaban les permitía
tener cierto fuero, que aunque no era de jure, sí lo tenían de facto.
La conciencia civil estaba aún en formación, por lo que el exigir a los
políticos que se comportaran de forma transparente,
no era una posibilidad.
Dentro de la
esfera pública, los partidos políticos de oposición tampoco tenían fuerza
suficiente para obligar al gobierno a comportarse dentro de los márgenes
legales debido a que el sistema presidencial estaba fuertemente instaurado en
el país, haciendo que la posibilidad de alternancia se viera muy lejana.
En los últimos
años el país ha experimentado un cambio, ya tenemos alternancia en la sucesión
presidencial lo que conlleva a que hemos pasado de un régimen de partido
dominante a una competencia real entre los partidos por el poder político. Los
ciudadanos comienzan a darse cuenta de la importancia que tiene el voto dentro
de un sistema de partidos y se están abriendo caminos para que las libertades
civiles sean respetadas. Sin embargo, la vigilancia y el combate a la
corrupción son temas que frecuentemente se escuchan dentro del debate público
contemporáneo.
En la última Encuesta
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, 2003, se detectó una disminución de
las prácticas de corrupción respecto a 2001, así el índice general bajó de
10.5 a 8.5, que significa que por cada 100 trámites, 8.5 se hizo mediante una
“mordida” y dos años antes, 10.5 se hicieron de esta forma.
Hoy en día, en la
construcción de la consolidación democrática de México, queda claro que es
mucho más sencillo cambiar de régimen político que cambiar de cultura
política. El combate a la corrupción y el fomento a la Transparencia es un
esfuerzo por cimentar una nueva cultura política.
Esta investigación
en la búsqueda de sus objetivos, se enfrentó a las dificultades propias de un
proyecto de cambio de cultura política, que supone replantear la función y
obligación del ciudadano así como del servidor público.
Dicho proyecto
reformador parte de las premisas de que
la información
es un "bien público" y es la responsabilidad de un Estado democrático de
derecho, al que aspira convertirse el Estado Mexicano, promover la creación de
un marco legal en el que se establezcan taxativamente las obligaciones del
gobierno en la materia. El estado no puede graciosamente decidir que tipo de
información estará a disposición del ciudadano.
2.5.1 Objetivos particulares
Esta asignación tiene como objetivo
recopilar información relevante acerca del combate a la corrupción y el
fomento a la transparencia en México. Se seguirá en lo posible, las
instrucciones dadas por CEPET para la realización de esta investigación misma
que consiste en investigar:
a)
Funcionarios del
gobierno federal sancionados de 2000 a la fecha. Nombre, dependencia, sanción,
seguimiento, y cualquier otra información relevante. Hacer la solicitud en
línea al IFAI
b)
Empresas e individuos
sancionadas por el gobierno federal por incurrir en prácticas ilícitas como
proveedores o proveedores potenciales, de 1990 a la fecha. Nombre,
dependencia, sanción y cualquier otra información relevante. Solicitud al IFAI.
c)
Contratos de
publicidad a medios desde 2000 o desde Dic. 2001 cuando inició este sexenio,
de las siguientes dependencias: Pemex, IMSS, ISSSTE, CFE, SCT, Comisión
Nacional del Agua, Gobierno del Distrito Federal, Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y Servicios Conexos.
Así, el análisis de la investigación realizado por Cecilia
García y Estíbaliz Urquiola, será presentado como informe, y base de datos
clasificada de acuerdo los hallazgos.
2.4.2
Metodología
De acuerdo a las indicaciones dadas
por los instructores del proyecto CEPETEC, se elaboró el día 17 de Marzo de
2004 a las 15:54, la solicitud de información con folio 0002700015304
en la que se pedía a la Secretaría de la Función Pública copia de los
documentos que contuvieran la información sobre sanciones y ceses a
funcionarios públicos y empresas por ilícitos y corrupción.
Se hicieron visitas a las oficinas de la
Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública para dar seguimiento
personalizado a la solicitud de información y hacer más eficiente y eficaz el
proceso de acceso a la información. Se presentaron innumerables contratiempos
que se narran en el apartado “Dificultades Metodológicas”.
En paralelo se realizó una consulta
vía electrónica con el afán de cubrir los vacíos de información que se
presentaban en el avance de la búsqueda de investigación, se consultó el
portal de COMPRANTE y se obtuvieron resultados sobre todo, en base a vacíos y
lagunas de información.
En dicho portal, se buscaron sobre todo los
datos relacionados al inciso “C” de los objetivos, el que se refiere a los
contratos de medios para las dependencias Pemex, IMSS, ISSSTE, CFE, SCT, Comisión
Nacional del Agua, Gobierno del Distrito Federal, Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y SErvicios Conexos.
La lista de contratistas o empresas que
buscábamos hubieran vendido servicios de comunicación y publicidad es la
siguiente:
Proveedor o contratista
-
TELEVISA S.A. DE C.V.
-
GRC MEDIOS, S.A. DE C.V.
-
TV AZTECA, S.A. DE C.V.
-
EDITORIAL CLIO, LIBROS Y
VIDEOS, S.A. DE C.V.
-
TV AZTECA, S.A. DE C.V.
-
GRUPO RADIO MEXICO, S.A. DE
C.V.
-
MVS TELEVISION, S.A. DE C.V.
-
ASTRON PUBLICIDAD, S.A. DE
C.V.
-
GRUPO DE RADIODIFUSORAS, S.A.
DE C.V.
-
GRC MEDIOS, S.A. DE C.V.
-
FRECUENCIA MODULADA MEXICANA,
S.A. DE C.V.
-
GRC MEDIOS, S.A. DE C.V.
-
GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE
C.V.
-
RADIORAMA, S.A. DE C.V.
-
CADENA MEXICANA DE EXHIBICION,
S.A. DE C.V.
-
RADIODIFUSORAS ASOCIADAS,
S.A. DE C.V.
-
CORPORACION DE NOTICIAS E
INFORMACION, S.A. DE C.V.
-
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO,
S.A. DE C.V.
-
MARINOR PUBLICIDAD, S.A. DE
C.V.
-
RUIZ HEALY Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
-
PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE
C.V.
-
GRUPO RADIOCIMA, S.A. DE C.V.
-
PROVEEDORA COMERCIAL IMAGEN,
S.A. DE C.V.
-
EL UNIVERSAL COMPAÑIA
PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.
-
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
-
EXCELSIOR CIA. EDITORIAL, S.
A. DE C. V.
-
PROMOTORA DE ENTRETENIMIENTO
FILMICO Y ASESORIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
-
AGENCIA DETRÁS DE LA NOTICIA
S.A. DE C.V.
-
PUBLICIDAD VIRTUAL, S.A. DE
C.V.
-
SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE
C.V.
-
COMERCIALIZADORA SIETE DE
MEXICO, S.A. DE C.V.
-
ORGANIZACION EMPRESARIAL
RADIO, S.A. DE C.V.
-
PROMOSAT DE MEXICO, S.A. DE
C.V.
-
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS,
S.A. DE C.V.
-
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE
C.V.
-
EDITORIAL OVACIONES, S.A .DE
C.V.
-
EL FINANCIERO, S.A. DE C.V.
-
EL HERALDO DE MEXICO, S.A. DE
C.V.
-
PUBLICIDAD VIRTUAL, S.A. DE
C.V.
-
EDITORIAL UNO MÁS UNO, S. A.
DE C. V.
-
GRC MEDIOS, S.A. DE C.V.
-
GRUPO EDITORIAL CONVERGENCIA,
S.A. DE C.V.
-
GRUPO RADIO ALEGRIA, S.A. DE
C.V.
-
MEXICO RADIO, S.A.
-
MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,
S.A. DE C.V.
-
NOVEDADES EDITORES, S.A. DE
C.V.
-
PERIÓDICO EL ECONOMISTA, S.A.
DE C.V.
-
EDITORIAL QUEHACER POLITICO,
S.A. DE C.V.
-
DIRECT DEAL RADIO, S.A. DE
C.V.
-
EDITORA LA PRENSA, S.A. DE
C.V.
-
PERIÓDICO EL ECONOMISTA, S.A.
DE C.V.
-
EDITORIAL VUELTA, S. A. DE C.
V.
-
SOCIEDAD COOPERATIVA
PUBLICACIONES MEXICANAS, S.C.L.
-
EDITORIAL MÉXICO HOY, S.A. DE
C.V.
-
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN,
S.A. DE C.V.
-
EPOCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
-
DIARIO MILENIO, S.A. DE C.V.
-
EDITORIALES DE MEXICO, S.A.
DE C.V.
-
EDITORIALES DE MEXICO, S.A.
DE C.V.
-
EDITORIAL SIEMPRE, S.A .DE
C.V.
-
PUBLICACIONES LLERGO, S.A. DE
C.V.
2.4.3
Resultados
México País Transparente
Según la organización llamada Transparencia
Mexicana,
México ocupa el
lugar 64 de 133 países en 2003, mientras que en el IPC de 2002 ocupó el lugar
58 de 102 países, manteniendo una puntuación de 36 --en una escala de 0 a
100-- en ambos años.
En cuanto a los países de América Latina, México se encuentra en la posición
número 11, estando en primer lugar Chile con 74 puntos. A pesar de los
avances, México es todavía un país reprobado en materia de transparencia y
combate a la corrupción.
Esta organización, realizó en 2001, un
estudio diagnóstico sobre las instituciones del sistema federal y el control
de las mismas. El Diagnóstico del Sistema Federal de Control (DSFC) incorpora
las respuestas de cerca de 200 contralorías internas en las dependencias y
entidades que integran la Administración Pública Federal (APF).
Siendo el primer diagnóstico realizado
por una organización independiente sobre el estado que guarda este sistema del
gobierno federal, el estudio subraya la importancia de fortalecer y mejorar
una infraestructura administrativa que contempla el trabajo de más de 12 mil
servidores públicos y recursos que rondan los 3 mil millones de pesos al año.
Las principales conclusiones son las
siguientes:
a)
Un sistema orientado a las
infracciones menores.- “El
Sistema Federal de Control (SFC) detecta y sanciona un número muy elevado de
infracciones menores a reglas administrativas, contables,
presupuestales y las derivadas de la obligación de presentar declaraciones
patrimoniales. Gran parte de estas faltas no puede considerarse como actos de
corrupción. Un buen ejemplo de ello corresponde al rubro de sanciones: de las
más de 100 mil sanciones aplicadas en los últimos 10 años, 50% corresponde a
servidores públicos que no presentaron su declaración patrimonial a tiempo. El
tipo de control ejercitado por el sistema contrasta con el riesgo potencial
declarado por los Órganos Internos de Control (OIC). De los OIC
entrevistados, 60% reconoce actos frecuentes de corrupción en las
áreas que supervisan.
b)
Las auditorías son el
principal método de control.-
Concentrado en la realización de auditorías contables y financieras
orientadas a “vigilar el cumplimiento de una normatividad compleja,
excesiva y en ocasiones inadecuada, el SFC es poco eficiente para detectar y
sancionar casos importantes de corrupción que afectan al erario público. En
opinión de los OIC encuestados, 94% de las observaciones realizadas a través
de auditorías no implican posibles problemas de corrupción, sino simples
desviaciones menores a las normas y lineamientos establecidos para el
ejercicio del gasto público.”
c)
Baja capacidad para la
recuperación de quebrantos.-
Del total de los OIC consultados para realizar este diagnóstico, la mitad
(49%) consideró que los recursos desviados provienen del erario
público. “Lamentablemente, la recuperación del quebranto al erario
público es prácticamente nula y equivale, de acuerdo con el DSFC, al 0.45% del
monto de las sanciones económicas impuestas”.
d)
Registro patrimonial,
método en duda.- El registro
de la situación patrimonial de los servidores públicos empleados en la
Administración Pública Federal (APF), resulta ser, en opinión de los Órganos
Internos de Control (OIC) encuestados para este diagnóstico, “de baja
utilidad para detectar el enriquecimiento inexplicable de los servidores
públicos. Cerca de la mitad de los OIC encuestados (43%) se manifestó en este
sentido. Ello lo confirma el hecho de que sólo 1 de cada 20 OIC declaró haber
iniciado investigaciones por variaciones inexplicables en la situación
patrimonial en los pasados tres años.”
e)
Facultades y capacidades
limitadas.- Los Órganos
Internos de Control (OIC) consideran tener facultades limitadas para la
investigación de los casos concretos. Más de la mitad de los OIC encuestados
consideró necesario modificar el marco normativo (55%) así como
incrementar su capacidad legal de investigación (51%) “para poder
cumplir con mayor eficacia las tareas de fundamentación, investigación y
resolución de quejas y denuncias. Las facultades limitadas, sin embargo,
podrían no ser el único reto institucional del SFC: del total de quejas y
denuncias recibidas por los OIC, sólo 35% se registra estadísticamente
distinguiendo las quejas ciudadanas de las denuncias concretas. Hasta marzo de
este año, cerca del 60% de las quejas y denuncias eran registradas para su
procesamiento estadístico de forma conjunta.”
Mejorar la forma en que se registra y agrega la información sobre posibles
irregularidades resulta fundamental.
f)
El SFC y la rendición de
cuentas.- El SFC hace pública
una parte muy limitada de la información que produce y sistematiza,
haciendo difícil el contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
De los OIC consultados más de la mitad (57%) reconoció que “no emite un
informe escrito cuando remueve a un servidor público. Entre aquellas que
emitieron un informe escrito (28%) sólo 14% consideró que este informe es o
debe ser público. De hecho, sólo uno de cada 10 OIC encuestados declaró hacer
públicas las evaluaciones de desempeño.”
g)
Actualización y
modernización del SFC.- En
términos de la modernización del Sistema Federal de Control (SFC) es
importante considerar que sólo 25% de los Órganos Internos de Control (OIC)
consultados declararon tener fichas electrónicas individualizadas para
el personal contratado. Debe subrayarse que, entre los OIC que no llevan una
estadística detallada para captar quejas (ni en formato manual ni en
electrónico), 71% recurre a los medios de comunicación para enterarse
de dichas irregularidades.
h)
Hacia una mejor
estructura de costos para el SFC
.- Por lo que toca a los criterios de
eficiencia presupuestal, casi la mitad de los OIC consultados (43%) “declararon
conocer el costo unitario promedio de una auditoría, mientras
que sólo uno de cada cinco declaró conocer el costo unitario promedio de los
procesos de inconformidades (18%), del desahogo de quejas y
denuncias (19%), de la resolución de inconformidades (17%), la
conciliación de controversias (15%), la defensa de procedimientos
en tribunales (16%) y los actos de autoridad administrativos (17%)”.
i)
SFC y regulación estatal.-
“La capacidad regulativa del SFC podría resultar deficiente, en particular
si se toma en cuenta que sólo 3 de cada 10 OIC encuestados declara tener un
catálogo o inventario de la totalidad de los trámites realizados en esa
dependencia. Aún así, el diagnóstico del SFC muestra que al término de 2000 se
registraban cerca de 4,700 trámites. Resulta alarmante por ello que 66%
de los OIC encuestados declararan que no existía una autoridad única en la
dependencia o entidad vigilada que analice o apruebe la incorporación de
nuevos trámites.”
Sancionados Públicos
Luego de hacer una revisión electrónica sobre
noticias vinculadas a las sanciones y acusaciones sobre funcionarios públicos,
se elaboró una tabla que presentamos en la carpeta de anexos.
Una de las formas para marcar parámetros
y dar información de los servidores públicos mexicanos que se han inhabilitado
por violar los marcos legales es el SISTEMA DE SERVIDORES PUBLICOS
INHABILITADOS. Este sistema es una estructura electrónica que permite conocer
si una persona se encuentra inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, con motivo de resoluciones emitidas por los
Órganos Internos de Control (OICs) de la Administración Pública Federal (APF),
Procuraduría General de la República (PGR), Órganos Estatales de Control, así
como por el Poder Judicial, cuando éste haya remitido a la Secodam dicha
información
El SPI permite agilizar el proceso de
contratación del personal en las dependencias y entidades de la APF, así como
en la PGR, al evitar los oficios de consulta y la expedición de constancias,
es decir, con la consulta al sistema no se requerirá ningún trámite adicional
ante la Secodam. La impresión que obtengan del SPI los OICs o las áreas
administrativas a cargo de la contratación de personal en las dependencias y
entidades de la APF y de la PGR, sobre las consultas efectuadas, hará las
veces de la constancia a que se refiere el artículo 69 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El SPI puede ser consultado por todos
los mandos medios y superiores de los OICs o las áreas administrativas a cargo
de la contratación de personal en las dependencias y entidades de la APF y de
la PGR.
Para acceder al SPI se debe capturar el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de quien efectúe una consulta, así
como el RFC y nombre completo de las personas sobre las que se desea
consultar. Estos requisitos generarán una bitácora en medios electrónicos en
la que se incluirán los datos de la persona que accesó al sistema y las
consultas que realizó; así como la impresión de la información solicitada.
Otro parámetro que ayuda a obtener
información sobre funcionarios públicos sancionados es “El Índice de
Corrupción y Buen Gobierno (ICBG) de Transparencia Internacional Capítulo
Mexicano.”
Este índice mide la percepción de jefes de hogar sobre 38 servicios públicos
ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por particulares de todo el país.
El ICBG se calculó a partir de los datos proporcionados por jefes de hogar que
hace uso de estos servicios. El ICBG utiliza una escala que va de 0 a 100, a
menor valor menos corrupción. La encuesta estimo cerca de 214 millones de
actos de corrupción en el uso de servicios públicos durante 2001. Los trámites
que mayor relación tuvieron con actos de corrupción son los de tránsito
(infracciones, estacionarse en vía pública, evitar que se lleven el auto al
corralón). Por su parte, los trámites percibidos como menos corruptos son:
trámite de predial, para obtener una incapacidad o justificante de salud y los
relacionados con el servicio telefónico. Es importante notar que Los jefes de
hogar jóvenes y los jefes de hogar con escolaridad universitaria son los más
susceptibles a la corrupción. Cabe señalar que según el ICBG, los jefes de
hogar jóvenes y los jefes de hogar con escolaridad universitaria son los más
propensos a la corrupción (entre más alto sea su nivel socioeconómico, aumenta
su propensión a ser corruptos).
Otro índice es el realizado por el
Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, mide la
percepción que las empresas tienen sobre la corrupción en México. Para ello,
se encuestaron a 3,985 empresas de los 32 estados del país. Los dos tipos de
corrupción más recurrentes son:
Captura del Estado.
Se refiere a “Pagos extraoficiales realizados por el sector privado a
legisladores o políticos del ejecutivo con el fin de influir en la definición
de las “reglas del juego” de acuerdo a sus propios intereses”.
El 39% de las empresas reconocieron que empresas similares a la suya realizan
pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y
regulaciones. En la apreciación del sector privado, estas empresas gastan en
promedio un 8.5% de sus ingresos en la Captura del Estado
Corrupción burocrático-administrativa.
Se refiere a “Pagos extraoficiales de las empresas a funcionarios públicos
con el fin de distorsionar la implantación prescrita de las leyes, políticas y
regulaciones.”
El 62% de las empresas reconocieron que empresas similares a la suya realizan
pagos extraoficiales a funcionarios públicos de menor rango. Desde su
perspectiva, estas empresas gastan un 5.1% de sus ingresos en la corrupción
burocrática-administrativa.
Licitaciones públicas y corrupción
Se estima que 22% del gasto público se destina
a contrataciones gubernamentales (aproximadamente $228,000 millones de pesos).
Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones
gubernamentales, 30% se destina a la corrupción (aproximadamente $68,400
millones de pesos):
44% corresponde a servicios
contratados
25% se destina a obras
31% a la compra de bienes
Se estima, según el índice de
percepción
que tienen las empresas respecto al estado de la corrupción entre los sectores
público y privado en México; que los
actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no
sólo en compras y obras públicas), lo que representa el 9.5% del PIB y el 15%
de los impuestos anuales recaudados.
El 35% de la inversión Federal de los
últimos 12 años en obra pública, requiere de recursos adicionales por falta de
planeación y de proyectos ejecutivos.
En la Encuesta del Programa Gobierno
Abierto y Participativo Federal del 2001 (ITESM/WBI) pudimos recopilar los
siguientes datos:
-
De 1,060 servidores públicos de la
Administración Pública Federal (APF) que fueron entrevistados:
-
El 55% consideran que la corrupción es un
problema en la dependencia que laboran y 41% piensa que no lo es. 27%
considera que la corrupción es un problema en sus labores cotidianas y 70%
que no las afecta. 30% considera que la corrupción se atribuye al
comportamiento de los funcionarios, 20% a la carencia de controles y de
rendición de cuentas de los oficiales, 17% a los excesivos requisitos
burocráticos, 9% a los incentivos perversos y el 6% a la debilidad de la
sociedad civil.
-
El 23% de los encuestados considera que la
corrupción en sus dependencias se atribuye a la falta de profesionalización
de los servidores públicos, 17% a la falta de códigos de ética, 14% a la
impunidad, 11% a los bajos salarios y el resto a la falta de transparencia,
de información y otros.
-
Sobre la capacidad de solución a actos de
corrupción denunciados en sus dependencias federales, el 27% respondió que
no se resolverían, 34% que sí y 36% no están seguros.
Con relación a si las dependencias federales
son transparentes y dan fácil acceso a información pública a los ciudadanos,
el 50% respondió negativamente contra un 45% cuya respuesta fue afirmativa.
De acuerdo con datos proporcionados por
Transparencia Internacional, acerca de qué tan probable es que los
funcionarios públicos de alto rango en México pidan o acepten sobornos para
concesión de licencias o licitaciones, los funcionarios que trabajan en obras
públicas son los más propensos a aceptar sobornos.
-
En promedio, hogares mexicanos pagan $109.50
pesos en mordidas
-
Más de $23,400 millones de pesos anuales se
pagan de mordidas por servicio público a los hogares.
-
Los hogares que reportan “mordidas” destinan
el 6.9 por ciento de su ingreso a mordidas
-
Para los hogares con ingresos de hasta un
salario mínimo, este impuesto regresivo llega a representar el 13.9 de su
ingreso.
Así mismo, la Encuesta Nacional de
Corrupción y Buen Gobierno 2001- 2003
Índice de Corrupción y Buen Gobierno (Entidad
Federativa), arroja los siguientes
datos sobre las entidades más corruptas, siendo la más corrupta el Distrito
Federal y la menos corrupta Colima. (Ver tabla de Anexos)
Actividad
Índice de corrupción por actividad*
Obras Públicas/ Construcción.1.3
Armamento y Defensa 1.9
Petróleo y Gas 2.7
Bienes Raíces/ Propiedades 3.5
Telecomunicaciones 3.7
Generación y Transmisión de Electricidad 3.7
Minería/ Transporte 4.0
Almacenamiento 4.3
Farmacéuticos 4.3
Industria Pesada 4.5
Banca y Finanzas 4.9
Silvicultura 5.1
* Escala del 0-10, donde 0 representa niveles
muy altos de corrupción y 10 nivel sin corrupción.
Aliza Chelminsky es la titular de la Unidad de
Vinculación para la Transparencia de la Secretaria de la Función Pública, ella
señaló en el programa Perspectiva, que los directivos de la Organización de
Transparencia Internacional reconocen que México lleva el liderazgo en cuanto
a estrategias de políticas anticorrupción; sin embargo, los incidentes que se
han hecho públicos en las últimas semanas como el caso de los televideos no
ayudan a mostrar una buena imagen del país a nivel internacional.
Según explicó Chelminsky, el índice de
transparencia internacional es un indicador que se basa en percepciones; en el
caso de México, además de contar con el elemento perceptual se trata con datos
duros, ya que plasma información que se obtienen de las familias mexicanas, en
cuanto a su participación en la corrupción se refiere.
“En México los índices de corrupción han
disminuido notablemente en los últimos 3 años”; sin embargo, agregó Chelminsky,
como uno de los principales factores de evaluación es la percepción, mientras
más se habla del tema y se muestra a la luz pública, más se refuerza la imagen
de un país corrupto.
Fomento a la transparencia
María Marván es la Comisionada Presidenta de
la Institución Federal de Acceso a la Información (IFAI) explicó que en el
2002 se aprobó en México la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, a partir de la cual surge el IFAI, que es una respuesta
institucional para garantizarle a cualquier persona acceso a los documentos
del gobierno y se pueda llevar a cabo una verdadera rendición de cuentas. Para
María Marván: “los países que tienen acceso a la información pública
disminuyen sistemáticamente los índices de corrupción, ya que el
descubrimiento de la información funciona como inhibidor de actos ilícitos y
genera la certeza jurídica que es indispensable para promover la inversión que
contribuya con el crecimiento del país”
El Director General de Consultores
Internacionales es el Lic. Julio Millán quien expuso que “la corrupción es un
problema mundial que tiene consecuencias económicas muy importantes. En el
caso de México, el Banco Mundial estima que la corrupción tiene un costo de
transacción de 60 mil millones de dólares, lo cual representa el 9% del
Producto Interno Bruto o el equivalente al 80% de los impuestos recaudados por
el gobierno federal, por lo que la ciudadanía se niega cada vez con mayor
énfasis en contribuir fiscalmente, pues no ve resultados palpables de su
inversión”
El analista político y profesor de la
Universidad Iberoamericana, Sergio Martínez, añadió: “Que el mexicano no tiene
una imagen de corrupción en el extranjero, es el sistema político el que
proyecta el perfil de corrupción hacia otros países; lo anterior, debido en
gran medida a que la legislación en materia de financiamiento político premia
al partido que gasta más recursos en el transcurso de su campaña”
Cabe mencionar que el fenómeno de la
corrupción es parte de solamente un actor de la sociedad, es un sistema en
forma de red que se ha enraizado en nuestro país a lo largo de los años; y
que por tanto, la lucha contra la corrupción no es una responsabilidad única
del gobierno sino de toda la ciudadanía, se necesita extirpar de nuestra
cultura política. Así mismo, la lucha contra la corrupción es una acción que
se debe de institucionalizar mediante un marco legal que funcione de forma
conjunta con las instituciones y así, favorecer el cambio de la cultura paso a
paso. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una buena
herramienta para generar confianza entre los ciudadanos ya que se crea una
conciencia de la capacidad que tienen como vigilantes del sector público.
Marván explicó que hay dos formas de garantizar el acceso a la información:
por un lado las obligaciones que marca la ley, por medio de las cuales el
ciudadano se puede convertir en fiscal; por otro lado está la posibilidad de
pedir documentos específicos a cada una de las entidades, ya que la
información se define como pública. Sin embargo, la ley otorga el derecho de
manejar información reservada, que es aquella cuya publicación puede dañar al
Estado en cuanto a seguridad pública, seguridad nacional, estabilidad
financiera o procuración de la justicia; no obstante la reserva es temporal,
teniendo un plazo máximo de 12 años para hacerla pública.
Haciendo un recuento histórico, desde
1940, explica Sergio Martinez, “el político deja de ser un funcionario público
y empieza a hacer grandes negocios, debido a que no existían contralorías y
existía un partido único que provocó una serie de abusos que empezaron a
generar una cultura en el mexicano, en donde no hay autocontrol, lo cual se ve
reflejado en un proceso de relativización de valores. Por ello, recalcó
Martínez, hoy en día está en juego la credibilidad institucional, ya que
paralelamente los empresarios empiezan a convertirse en políticos y
desaparecen los límites de lo permisible; entonces, los ciudadanos empiezan a
actuar de manera anárquica, pues al haber un acto de corrupción que no es
castigado existe una gran posibilidad de que se vuelva a repetir”
La corrupción se debe combatir desde sus
raíces, fomentando una conciencia de desarrollo constante para México, y de
manera inicial, con prácticas preventivas estableciendo programas de conducta
con vigencia y con oportunidad de ir modificando la cultura. Según Chelminsky
“el gobierno actual ha tomado acciones preventivas significativas que por su
naturaleza no pueden proyectar consecuencias en un solo sexenio, tal es el
caso de la Ley de Acceso a la Información, la Ley del Servicio Profesional o
los portales de TRAMITANET”
En cuanto a sectores sociales se
refiere, según la Dra. Marván, los cuatro sectores que más solicitan
información pública son los académicos y estudiantes, los empresarios, las
organizaciones no gubernamentales y los periodistas. Por su parte, Julio
Millán dijo que es necesaria una aplicación de la ley para comenzar a combatir
el cinismo de la cultura de corrupción. Para ello, Sergio Martínez explicó que
la aplicación de la ley se puede manejar en dos sentidos: primero mediante
reformas estructurales con una visión internacional, como es el caso de una
Reforma Hacendaría, en el sentido de que muchos impuestos se diseñaron como
mecanismos de control político; segundo, mediante la aplicación de medidas de
calidad que eviten el paternalismo gubernamental.
La corrupción es entonces una práctica
que no debe seguir subsistiendo en nuestro país, de manera que el fomentar en
la población el uso de las herramientas que el gobierno está poniendo a su
disposición es uno de los primeros pasos a seguir, tal y como Julio Millán
aclara: “se necesita en el corto plazo, ejercer la justicia, formar un marco
jurídico efectivo y transmitir la información en medios para concienciar a la
ciudadanía; en un mediano y largo plazo, se debe redoblar el esfuerzo en el
área de educación, sobre todo para los jóvenes, que están más propensos a
cometer actos ilícitos.“
2.4.4
Análisis
a.
Dificultades metodológicas
Luego de haber hecho la solicitud de
información que se cita en la metodología, se obtuvieron como respuesta a la
solicitud y conforme a la Ley de Transparencia, el día 22 de Marzo de 2004 una
solicitud de información adicional o corrección de datos a lo que se dio
respuesta luego de una asesoría vía telefónica con funcionarios del IFAI, el
día 30 de Marzo de 2004. Enviada la respuesta de información adicional, se
nos informó que dicha aclaración no fue suficiente.
El día 2 de abril de 2004 se realizó una
visita a la oficina de la unidad de enlace del IFAI en la Secretaría de la
Función Pública y por coincidencia el equipo se percató que ese día se había
programado una junta con todas las oficinas y direcciones involucradas en la
solución de la petición de información. Nos pasaron a una junta directiva con
el representante de la Contraloría de la SFP, la abogada de la misma, dos
inspectores del IFAI y el jefe de información de la SFP el Licenciado Sid
Durán. En ese momento nos dijeron que la Secretaría presentaba fuertes
impedimentos para otorgarnos la información que requeríamos por lo que nos
pedían que definiéramos exactamente los objetivos de la pregunta. En dicha
junta también, se nos informó que los datos que estábamos solicitando, para
ser satisfactoriamente respondidos en los términos generales en los que
habíamos redactado la solicitud, implicaría consultar a 240 dependencias que
nos entregarían por los menos 30 000 copias de documentos oficiales con un
costo de un peso cada hoja. Se nos explicó que siguiendo los términos de la
ley federal de acceso a la información, si optábamos por seguir con el proceso
tal cual estaba, solicitarían una ampliación de plazo para dar respuesta a la
solicitud. Se planteo la posibilidad de pedir un plazo de 60 días.
Dada la urgencia en cuanto a tiempos que
el equipo tiene, preguntamos qué otra alternativa teníamos para resolver
satisfactoriamente nuestra encomienda. El enlace del IFAI en la Secretaría de
la Función Pública, el Licenciado Sid Durán nos informó que la Secretaría
cuenta con una base de datos que posee información estadística referente a los
funcionarios públicos sancionados, su nombre, motivo de sanción, puesto,
etcétera. Respecto a la información sobre contratos y empresas privadas, quedó
claro en la junta que sería un esfuerzo por parte de las unidades involucradas
que necesitaría definitivamente la ampliación del plazo a no menos de mes y
medio. Se nos explicó que las repuestas a las solicitudes de información no
podían ser parciales, es decir, no podíamos recibir una parte de información
en un plazo y otra en otro.
La asesoría concluyó en que, debido a la
importancia de poseer información lo más pronto posible, limitaríamos la
petición, que sería resuelta en una semana, a la base de datos que nos
ofrecían.
Para optar por este procedimiento se nos
indicó que debíamos enviar copias de los acuses que el sistema de información
gubernamental nos había dado y redactar una carta dirigida a la unidad de
enlace de la Secretaría de la función pública acotando la información.
Por contacto telefónico con el
Licenciado Sid Durán, se nos otorgó otra cita en la que él recibiría los
documentos personalmente y nos explicaría el proceso a seguir a partir del
momento en que recibiera la carta y los documentos solicitados.
Ya que los días de asueto de principios
de Abril se atravesaron en el proceso, el licenciado se comprometió a darnos
la base de datos los días hábiles de la semana del 12 al 18 de Abril de 2004,
no obstante, otro tipo de dificultades se presentaron en el proceso y es fecha
(Abril 29 de 2004) que no hemos sido notificadas de la entrega del documento
que solicitamos.
La deliberación y conclusión del equipo
se realizó considerando la prontitud que presiona el trabajo que estamos
realizando. Optamos por asegurar lo más pronto posible, información útil para
el objetivo de México Transparente.
El día 12 de abril, el equipo llamó a
las oficinas de la SFP y del IFAI para recoger la información prometida; sin
embargo, se nos dijo que aún no la tenían disponible. Se recibió por medio del
sistema electrónico de información gubernamental el 16 de Abril de 2004 la
respuesta a la solicitud. Dicha respuesta nos abría los archivos de la
Secretaría de la Función Pública mediante un sistema que no resultaba
funcional para nuestra investigación.
El equipo, no contento con esta
respuesta tuvo que tomar cartas en el asunto de manera que el día 19 de abril,
una integrante:, Cecilia García asistió personalmente a la SFP para accesar a
la información como lo decía la respuesta a la información que adecuadamente
se había solicitado.
El sistema que nos ofrecían era el mismo
que ya se describió con anterioridad en donde para concluir con nuestro
trabajo debíamos teclear en los campos de captura de datos, más de 20 mil
nombres y otros datos que no conocíamos y que según dijo la Dirección de
Responsabilidades y la Unidad de Enlace, es información que no podía solicitar
por ser de carácter privado.
Ante el problema, la dependencia
poseedora de la información propuso generar una base de datos de todas las
dependencias de la administración pública, similar a la entregada en la
respuesta, ésta información (la entregada) solo contenía datos sobre los
funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, y se propuso realizar una
versión electrónica similar pero con todas las dependencias federales, misma
que sería vendida al equipo en un plazo de una semana.
A la espera de dicha información, se nos
informó el 23 de abril de 2004. que debíamos redactar una carta constancia,
que avalará que el proceso había sido en plena “transparencia”, es decir, que
efectivamente tuvimos acceso a los archivos y bases de datos de la Secretaría
y que dado nuestro interés por procesar la información, solicitábamos se nos
otorgara una copia en un disco magnético.
Hecho y entregado el documento el pasado
26 de abril de 2004, el equipo sigue a la espera de la entrega de la
información y actualmente recibe asesoría sobre el proceso de PRESENTACIÓN DE
RECURSOS DE REVISIÓN ANTE EL IFAI.
Si lográramos obtener la información
solicitada, anexaríamos a este informe el documento.
b.
Sobre comprante (dificultades)
El portal de comprante
www.compranet.gob.mx, es una herramienta electrónica que sirve para
consultar los contratos hechos por las dependencias de la administración
pública, no obstante tiene algunas deficiencias o dificultades. La primera es
que la información que se puede consultar no es más antigua que de los años
2003 y 2004, si bien están contempladas todas las dependencias, institutos y
departamentos de la administración pública federal y unos cuantos locales, los
rubros de consulta, por ejemplo en el IMSS, son muy específicos, cada opción
de contrato te lleva a una selección, también precisa y especifica sobre los
productos del contrato, y para los objetivos de nuestro trabajo resultaron no
relevantes, los rubros son los siguientes:
-
Accesorios y material eléctrico
-
Animales para abasto o fomento,
carne canal
-
Animales vivos
-
aparatos e instrumentos científicos y de
laboratorio
-
Aparatos y equipo médico quirúrgico
-
artículos automotores
-
artículos deportivos y de campaña
-
artículos para comercios
-
artículos para servicios
-
artículos y material de oficina
-
bienes de la piscicultura
-
deshechos industriales
-
elementos arquitectónicos y material de
exposición
-
equipo de computación
-
equipo de comunicación
-
equipo de mantenimiento y de seguridad
-
equipo de pintura y dibujo
-
equipo de transporte
-
equipo deportivo y de campaña
-
equipo e instrumentos bélicos
-
equipo eléctrico
-
equipo para comercios
-
implementos agrícolas
-
implementos para transporte y equipo
ferroviario
-
instrumentos musicales
-
maquinaria, equipo e
instrumentos para industria
-
material y accesorios de artillería y atavío
civil, militar y religioso
-
material de comunicación, fotográfico y
cinematográfico
-
material de ferretería
-
material de mantenimiento y seguridad
-
material de pintura y dibujo
-
material quirúrgico y de laboratorio
-
minerales
-
mobiliario y equipo
-
pescados y mariscos
-
productos agrícolas
-
productos alimenticios, bebidas y tabaco
-
productos de animales industrializables
-
productos de papel y de hule
-
productos forestales
-
productos minerales
-
productos textiles
-
refacciones y estructuras para uso diverso
-
servicios (donde no se incluyen servicios de
comunicación o publicidad)
-
substancias y productos químicos
-
suministros informáticos
Los campos de contratos y los productos
para las demás dependencias que nos interesan, no varían mucho, las
variaciones son de tipo muy específico, por ejemplo, PEMEX tiene campos
relacionados a refinerías y ductos, y así se pueden identificar variaciones en
las demás dependencias pero ninguna contiene publicidad o comunicación como
servicio.
No obstante hicimos una búsqueda por
contratista o empresa en la que recopilamos los siguientes datos.
En la liga de Contratistas y
proveedores, encontramos una primera dificultad que fue la de capturar
Registros Federales de Causantes de las empresas que nos interesaban, no
obstante, intentamos realizar la búsqueda por nombre.
TELEVISA
S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
GRC MEDIOS,
S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
TV AZTECA,
S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
EDITORIAL
CLIO, LIBROS Y VIDEOS, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
GRUPO RADIO
MEXICO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
MVS
TELEVISION, S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
ASTRON
PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
GRUPO DE
RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
FRECUENCIA
MODULADA MEXICANA, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
GRUPO ACIR
NACIONAL, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
RADIORAMA,
S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
CADENA
MEXICANA DE EXHIBICION, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
RADIODIFUSORAS ASOCIADAS, S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
CORPORACION
DE NOTICIAS E INFORMACION, S.A. DE C.V. CERO REG.
SOCIEDAD
MEXICANA DE RADIO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
MARINOR
PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
RUIZ HEALY
Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
PROMOTORA
DE RADIO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
GRUPO
RADIOCIMA, S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
PROVEEDORA
COMERCIAL IMAGEN, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
EL
UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. CERO
CIA.
PERIODISTICA DEL SOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
EXCELSIOR
CIA. EDITORIAL, S. A. DE C. V. CERO REGISTROS
PROMOTORA
DE ENTRETENIMIENTO FILMICO Y ASESORIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
CERO REGISTROS
AGENCIA
DETRÁS DE LA NOTICIA S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
PUBLICIDAD
VIRTUAL, S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
SISTEMA
RADIOPOLIS, S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
ORGANIZACION EMPRESARIAL RADIO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
PROMOSAT DE
MEXICO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
DEMOS
DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
EDICIONES
DEL NORTE, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
EDITORIAL
OVACIONES, S.A .DE C.V. CERO REGISTROS
EL
FINANCIERO, S.A. DE C.V. CERO
REGISTROS
EL HERALDO
DE MEXICO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
EDITORIAL
UNO MÁS UNO, S. A. DE C. V. . CERO REGISTROS
GRUPO
EDITORIAL CONVERGENCIA, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
GRUPO RADIO
ALEGRIA, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
MEXICO
RADIO, S.A. CERO
REGISTROS
MULTIMEDIOS
ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
NOVEDADES
EDITORES, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
PERIÓDICO
EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
EDITORIAL
QUEHACER POLITICO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
DIRECT DEAL
RADIO, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
EDITORA LA
PRENSA, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
PERIÓDICO
EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
EDITORIAL
VUELTA, S. A. DE C. V. CERO
REGISTROS
SOCIEDAD
COOPERATIVA PUBLICACIONES MEXICANAS, S.C.L. CERO
EDITORIAL
MÉXICO HOY, S.A. DE C.V. CERO REGISTROS
COMUNICACIÓN E INFORMACI | 
socio
en 